India estudia exigir a Apple, Samsung y Google acceso al código fuente de los smartphones

Las autoridades de India barajan una iniciativa que podría reconfigurar el mercado de los smartphones. Según Reuters, el Gobierno estudia exigir a Apple, Samsung, Google y Xiaomi que otorguen al Estado acceso al código fuente de su software. La medida se presenta como un refuerzo de ciberseguridad en un país con unos 750 millones de teléfonos inteligentes activos.

El debate se enmarca en la agenda del primer ministro Narendra Modi para endurecer la protección de los datos de los usuarios. Las conversaciones con las tecnológicas están en una fase temprana y, según funcionarios, hay disposición a escuchar al sector. Al mismo tiempo, el Ministerio de Tecnologías de la Información ha negado públicamente que exista una demanda directa de entregar el código fuente, sin entrar en los detalles citados por Reuters. Los fabricantes y la patronal MAIT, por ahora, han optado por no comentar.

Según la propuesta, las compañías realizarían una auditoría completa de seguridad de sus dispositivos y permitirían después que laboratorios de certificación indios revisen el código para detectar vulnerabilidades. MAIT sostiene que peticiones de este tipo son casi impracticables y advierte de riesgos para la privacidad, los secretos comerciales y la propiedad intelectual. La asociación recuerda que la mayoría de grandes países no obliga a revelar el código y ya ha pedido al Gobierno que renuncie a la idea.

Más allá del acceso al código, las normas en discusión podrían incluir análisis periódicos obligatorios de los equipos en busca de malware, aviso previo al Centro Nacional de Seguridad de las Comunicaciones sobre grandes actualizaciones y parches, y el almacenamiento de registros de actividad del sistema durante un año completo. Representantes de la industria alertan de que estos pasos pueden traducirse en un mayor consumo de batería, retrasos en las actualizaciones y simples problemas de espacio en muchos dispositivos.

Otro paquete de medidas apunta al comportamiento de apps y del propio sistema. Las autoridades quieren limitar el acceso en segundo plano a la cámara, el micrófono y la ubicación sin conocimiento del usuario, exigir que los teléfonos detecten equipos rooteados o comprometidos, bloquear la instalación de versiones antiguas del software y permitir la eliminación de la mayoría de las aplicaciones preinstaladas. Aunque no está claro hasta dónde llegará la iniciativa, el mero hecho de plantearla ya tensiona la relación entre el Estado y algunas de las mayores tecnológicas del mundo. La dirección es clara: una supervisión más estricta de la tecnología de consumo, sopesada frente a los riesgos para la propiedad intelectual y la usabilidad que señala el sector.