El FBI ha reconocido oficialmente que compra datos de ubicación de estadounidenses a empresas comerciales. El director del FBI, Kash Patel, hizo esta declaración durante audiencias en el Senado, subrayando que la agencia considera que esta práctica cumple con la ley vigente y ya aporta beneficios en materia de inteligencia.
Esto implica adquirir lo que se conoce como "información disponible comercialmente", que puede incluir datos sobre los movimientos de los usuarios. Si bien las agencias de aplicación de la ley están formalmente obligadas a obtener una orden judicial para acceder a los datos de las compañías de telecomunicaciones, la compra de información a empresas terceras les permite eludir este requisito.
Esta práctica ha generado fuertes críticas por parte de legisladores. El senador Ron Wyden la calificó como un intento de sortear la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege a los ciudadanos de la vigilancia irrazonable. Señaló que la situación se vuelve aún más preocupante dado el uso de inteligencia artificial, que puede analizar grandes cantidades de datos personales.
En este contexto, crecen los llamados a reformar las normas que rigen el acceso del gobierno a la información personal de los ciudadanos. Los críticos argumentan que las leyes existentes no pueden seguir el ritmo del desarrollo tecnológico, y que estos esquemas de compra de datos socavan principios fundamentales de privacidad y supervisión de las acciones gubernamentales.