Sony está en el centro de la polémica tras implementar un nuevo sistema de protección digital en PlayStation. Según las reglas actualizadas, los usuarios deben verificar su cuenta al menos una vez cada 30 días, o los juegos previamente adquiridos podrían desaparecer de su biblioteca. Inicialmente, los jugadores pensaron que se trataba de un fallo técnico, pero la compañía luego confirmó el cambio.
La nueva política modifica de hecho el concepto de poseer copias digitales de juegos. Aunque los usuarios compran los títulos, pierden el acceso a ellos si no realizan la verificación periódica, lo que ha provocado fuertes críticas. Muchos jugadores argumentan que estas restricciones socavan la confianza en las plataformas digitales y ponen en duda el valor de los juegos adquiridos.
Para colmo de la indignación, declaraciones archivadas de Sony muestran que la empresa prometió anteriormente que no sería necesaria una autorización regular para mantener el acceso a los juegos. Los usuarios están difundiendo materiales antiguos, señalando la contradicción entre la política actual y las promesas pasadas, y discutiendo posibles consecuencias legales.
La situación también ha reavivado un debate más amplio sobre los derechos de los usuarios frente al contenido digital. Los jugadores temen que medidas similares podrían extenderse a los discos físicos, ya que los discos modernos a menudo contienen solo datos parciales. En este contexto, la discusión sobre la verdadera propiedad de los productos digitales vuelve a ocupar un lugar central.